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Jubilados volverán a  las urnas 

Luego de seis años bajo la tutela del Gobierno provin­cial, el Centro de Jubilados y Pensionados de la Provin­cia de Corrientes inició el proceso que desembocará en el llamado a las urnas para que los afiliados, a tra­vés del voto, elijan a las au­toridades de la institución. La interventora, contadora Julia Fernández, señaló que "la decisión política, luego de la intensa tarea de sanea­miento y regularización que se llevó adelante, es avanzar con la normalización" del organismo a través de elec­ciones internas. 

En un comunicado, infor­mó que "en breve se dará a conocer el cronograma elec­toral, que indica los plazos que deben observarse según el Estatuto Social". Por lo pronto -explicó la funcio­naria- se está trabajando en todo lo necesario para cum­plir con los requisitos que son de rigor conforme a las disposiciones de la Inspec­ción General de Personas Jurídicas, que depende del Ministerio de Justicia y De­rechos Humanos de la Pro­vincia. 

El primer paso es la con­formación de una Junta Electoral que tendrá a su cargo la conducción del pro­ceso, también la aprobación del padrón de afiliados habi­litados para sufragar. Luego llegará la etapa de inscribir candidatos y la campaña propiamente. 

Ahora se está trabajando en la verificación de los so­cios habilitados para votar, excluyendo a los morosos, ya que para el acto eleccio­nario se contempla única­mente a los socios activos, tal como lo establece el Es­tatuto vigente, señaló Julia Fernández. 

Aclaró que los afiliados de Pami y socios adherentes no tienen, por definición esta­tutaria, invitación a votar. Sólo pueden participar so­cios activos, que son los ju­bilados y pensionados ante el Instituto de Previsión So­cial de la Provincia (IPS). 

Todavía no se definió la fecha de votación. El llama­do oficial podría hacerse en los próximos días o tal vez la otra semana. De concre­tarse, se pondrá fin así a seis años de intervención. Tu­tela que comenzó en mayo de 2016 durante el mandato del gobernador Ricardo Co­lombi y se fue prorrogando semestralmente durante el primer gobierno de Gustavo Valdés